Cuando oímos hablar de “Leyenda Negra” nos viene a la mente el genocidio de las poblaciones amerindias que los enemigos de nuestro país, justa o injustamente, atribuyeron al Imperio Español. Las acusaciones contra España, sin embargo, no se quedan ahí, sino que se extienden también a otro ámbito no menos grave, a la Inquisición. Por increíble que parezca, más de doscientos años después de la abolición de Santo Oficio, todavía nos miran en algunos ambientes foráneos como vástagos de la estirpe de Torquemada. El culpable es el “juez instructor”, magistrado encargado entre nosotros de dirigir la investigación criminal, auténtica reliquia del pasado, pues en la mayoría de los ordenamientos legales de nuestro entorno dicha función está confiada a los fiscales.

Indignado por ese mito que tanto daño nos ha causado, me decidí a escribir este libro para defender a mis compañeros, los jueces instructores. Máxime, cuando es una falacia que esgrimen los independentistas contra el Estado español, al que motejan de neofranquista. Aun así, en vez de negar la filiación inquisitorial de nuestro proceso criminal, osé defenderla. ¿Qué nos acusan de inquisidores? Pues sintámonos orgullosos de nuestro pasado inquisitorial.

Esa provocación fue la excusa para enfocar nuestro sistema procesal a la luz de la Inquisición. Es una perspectiva que, gracias al contraste de siglos de experiencia, ayuda a comprender cómo funciona nuestra normativa actual, a detectar sus fallos y a proponer mejoras.

La conclusión que expongo es muy sencilla: lo importante no es si investigan jueces o fiscales, sino que la autoridad que dirija la instrucción penal debe necesariamente ser independiente (y no meramente autónoma), imparcial (y no una parte acusadora), inamovible (y no sujeta a ninguna estructura jerárquica) y apolítica (y no con conexiones, por remotas que fueren, con los poderes Ejecutivo o Legislativo). Los denuedos por rendir la investigación a la Fiscalía obedecen a un subrepticio deseo de politizar la Justicia y, por si eso fuera poco, favorecen la impunidad de los corruptos. Paradójicamente, el fiscal investigador sería un inquisidor redivivo.

Como ya he apuntado, tal vez lo más innovador de este ensayo consista en hacer de la historia algo práctico, sacar los manuales de sus polvorientos anaqueles para proporcionar remedios eficaces a los problemas de hoy día. Es apasionante descubrir el pasado; pero lo es más todavía aprender de ese pasado para mejorar nuestro presente.

Con esa ilusión me fijé en un suceso asombroso: las brujas de Zugarramurdi, datado en 1609, en una pequeña localidad navarra, un auténtico “Salem español”. Diríase que es un episodio extraído de una novela de terror, un caso de brujería, satanismo, infanticidios, tortura…Y, sin embargo, está bien documentado en los archivos inquisitoriales, con multitud de testigos, pruebas periciales y miles de legajos donde se relatan con minuciosidad los pormenores de un alucinante viaje en el tiempo. Nuestros compatriotas de hace trescientos años quedaron estupefactos, no menos que nosotros mismos cuando releemos un relato que desafía a la razón. Acaso lo más escalofriante sea la respuesta que barajó el Santo Oficio: el genocidio de la población vasco-navarra, casi una “solución final” (Endlosung).

Ni que decir tiene que el libro no va dirigido a especialistas, ya sean historiadores o juristas, sino que, a todos aquellos, aunque nada sepan de leyes, interesados por saber, iluminados por la historia, cómo funcionan nuestros juzgados actuales. Por eso he hecho un gran esfuerzo divulgador, para traducir la farragosa terminología legal a un lenguaje comprensible.

Antes de decir qué haya que cambiar dejaré bien claro lo que no hay que cambiar: la investigación criminal debe seguir siendo dirigida por una autoridad independiente, imparcial e inamovible. Si bajo el pretexto de limpiar nuestra legislación de residuos inquisitoriales, abrimos la puerta a la influencia de la política en nuestro proceso penal, retornaremos a una época de tinieblas.

Aclarado lo anterior, en la actualidad nuestro proceso penal, con ser muy eficaz, necesita ganar en eficiencia. Esto es, prescindir de inútil burocracia judicial, simplificar trámites engorrosos y, sobre todo, poner fin a la absurda práctica de que los jueces repitan el trabajo que ya previamente han acometido los agentes policiales. Necesitamos una verdadera “policía judicial” a las órdenes de una autoridad independiente (no meramente “autónoma”) que se oriente por criterios estrictamente jurídicos, no ideológicos. Solamente de este modo, además de ganar en agilidad y rapidez, dispondremos de armas para derrotar una delincuencia cada vez más globalizada y escurridiza, como preocupantemente evidencia el terrorismo internacional, el tráfico de estupefacientes, las redes de pedófilos, o la trata de personas, entre otras plagas de nuestra sociedad mundializada.

Es un testimonio nacido de mi experiencia como juez instructor a lo largo de más de veinte años, lo que me ha permitido echar mano de muchas anécdotas, algunas graciosas; otras más bien turbadoras, por no decir macabras. Descifrando el latín de los manuales del Santo Oficio, que he leído en la lengua en que estaban originariamente redactados, he comprobado con sorpresa cómo algunas de las inquietudes que afligían a los temibles inquisidores perviven en nuestros actuales jueces democráticos, sin que seamos conscientes de ello. Pasado y presente, teoría y práctica están trenzados en una narración que desvela la vertiente más desconocida del funcionamiento de nuestros juzgados.

He de insistir en mi empeño de que ofrecer una lectura amena, que ayude al lector comprender (¡e incluso a disfrutar!), de una materia tan indigesta como el Derecho procesal. Por eso son abundantes las referencias al cine y a la literatura. Le dedico gran atención a la estremecedora novela “El exorcista” e incluso aludo a la humorística producción cinematográfica del director Alex de la Iglesia, precisamente sobre las brujas de Zugarramurdi. En suma, de la misma forma que nos deleitamos con obras divulgativas sobre el mundo de la ciencia, hagámoslo también el Derecho. Se abrirá ante nosotros un mundo fascinante.

Por último, el mensaje de toda la obra se condensa en una advertencia: si dejamos que la política influya en la investigación criminal, se abrirán las puertas del infierno de la irracionalidad y volveremos a la superstición medieval.