En esta obra se reúnen varios trabajos sobre temas de especial relevancia en el proceso penal, de ahí el título de Cuestiones básicas del proceso penal, elaborados por profesionales del Derecho, pertenecientes a las carreras docente, judicial, fiscal y de la abogacía, lo que enriquece la visión ofrecida sobre los temas tratados, muchos de ellos debatidos en el marco del Seminario de Derecho penal y filosofía jurídica del Instituto Universitario Ortega-Marañón, en el que participa un amplio grupo de juristas, procedentes tanto de la Unión Europea como de América Latina, siempre bajo la dirección del profesor Enrique Bacigalupo.

El derecho penal y el derecho procesal penal, a pesar de ser disciplinas jurídicas autónomas, no cabe duda que tienen una relación de complementariedad, por lo que, para todo penalista, es inexcusable también el estudio del proceso penal. No en vano, el derecho penal material sólo se puede aplicar a través del proceso penal, constituyendo ambas disciplinas una misma realidad: la justicia penal.

Esta preocupación e interés por el proceso penal es lo que nos ha llevado a los autores de esta obra a publicar el presente libro, en el que se reúne un conjunto de trabajos sobre temas de especial relevancia en el proceso penal.

Naturalmente, los temas tratados están vinculados con las garantías del debido proceso, sirviendo así a la función del proceso penal, cual es la justa realización del derecho penal, pues no hay que olvidar que no hay mayor víctima que una persona acusada de un delito que no ha cometido, luego inocente, hipótesis que, en el momento de juzgar a una persona, debemos tener siempre bien presente los jueces.

A los juristas en general y, a los profesionales/operadores jurídicos de la jurisdicción penal en particular, una actualizada visión, con algunas aportaciones de derecho comparado, sobre cuestiones básicas del proceso penal, tales como: presunción de inocencia e in dubio pro reo; imparcialidad judicial; la prueba; el derecho de defensa; el derecho a los recursos contra sentencias; el sistema procesal penal acusatorio en México (fortalezas y debilidades/mitos y realidades); habeas corpus; el derecho a guardar silencio; la prueba digital; y la preocupante evolución del sistema procesal en materia penal: elogio de la no adversariedad.

Una de las reformas aún pendientes de nuestra democracia es, sin duda, la del proceso penal, por más que se hayan llevado a cabo numerosas modificaciones de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, la mayor parte de ellas tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en 1882, venía precedida de una exposición de motivos, firmada por el Ministro D. Manuel Alonso Martínez, en la que se afirmaba que se trataba de “un Código completamente nuevo y de carácter tan liberal y progresivo como el más adelantado del continente europeo”, criticándose prácticas tales como la duración de los sumarios, la no intervención del inculpado en el sumario, que el Juez además de instruir fuera quien pronunciara la sentencia, la ratificación rutinaria en el plenario de los testigos, etc., e introduciendo numerosas reformas, como la oralidad y publicidad del juicio, la intervención del procesado en todas las diligencias del sumario tan pronto se estimara por el Juez que la publicidad no comprometía la causa, la separación de la fase sumarial, atribuida a un Juez instructor, y la del juicio oral, atribuida a un tribunal colegiado, órgano juzgador no sujeto a prueba tasada alguna, sino a su íntima convicción, es decir, como decía la exposición de motivos, “siguiendo libremente las inspiraciones de su conciencia, exento de las pasiones que enciende siempre la lucha en el ánimo de los contendientes y sin el aguijón del amor propio excitado en el Juez instructor”.

No cabe duda que esta Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 supuso un extraordinario avance, que naturalmente ha ido modificándose a lo largo de estos ciento cuarenta y dos años de vigencia, para ir adaptándose a las necesidades impuestas por el propio devenir de estos años, en especial a partir de que se aprobara nuestra actual Constitución.

La irrupción de la Constitución significó el inicio de la transformación penal, una Constitución, directamente aplicable, en la que se reconoce como derecho fundamental el derecho a un proceso con todas las garantías, objeto de un amplio desarrollo durante los más de cuarenta años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La Constitución y la jurisprudencia constitucional, pues, encargada esta de ir desarrollando el sentido y alcance de cada una de las garantías y derechos fundamentales, sin olvidar la del Tribunal Supremo, en especial la de su Sala de lo Penal, supusieron un avance extraordinario del proceso penal.

Pero no cabe duda que a pesar de todo ello sigue estando pendiente la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, a pesar de los intentos que ha habido al respecto, tanto del Gobierno socialista como del Gobierno del Partido Popular, que elaboraron sendos proyectos de reforma integral. El primero («proyecto Camaño»), logró su aprobación por el Consejo de Ministros en julio de 2011, pero decayó con el anticipo de las elecciones generales, y el segundo («proyecto de Alberto Ruiz-Gallardón»), culminó en una propuesta de texto articulado de LECrim., elaborado por una Comisión Institucional creada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 2-3-2012, pero tal propuesta, debido a una crisis ministerial, no logró iniciar su tramitación.

Queda aún pendiente, pues, la gran reforma del proceso penal, que habrá de tener lugar en el marco de una nueva organización judicial, que permita cumplir el compromiso de una justicia penal que dé respuesta a las necesidades de la sociedad actual y, en fin, que permita la mejor realización posible del derecho penal, culminando así el proceso de transformación de la justicia penal iniciado a partir de la Constitución de 1978, haciendo realidad definitivamente lo que ya preconizaba Manuel Alonso Martínez, en su excelente exposición de motivos, cuando aun afirmando la necesidad de una transición gradual, no brusca, en la transformación del proceso penal, porque “los progresos jurídicos deben irse eslabonando”, hacía un claro guiño a la asunción por el Fiscal de la instrucción al manifestar que “algún día el legislador, echándose en brazos de la lógica”, llegará hasta ”este último límite del sistema acusatorio”.

Se trata de una obra colectiva, en la que la perspectiva de derecho comparado contenida en varios de sus capítulos, así como el hecho de estar escrita por juristas de España, Argentina y México, que abordan las diferentes cuestiones constitucionales y procesales analizadas en el libro, desde la visión propia de sus autores, pertenecientes a las carreras docente, judicial, fiscal y de la abogacía, enriquecen considerablemente el valor de la obra, al participar en ella los diferentes operadores jurídicos del proceso penal, así como docentes/investigadores especialmente expertos en las materias tratadas.